Agosto como meta política: mientras el Gobierno maniobra, el sector productivo espera señales reales

Dos horas de reunión, miles de decisiones en pausa

El Gobierno se reunió durante dos horas para ajustar su estrategia política y legislativa de cara a agosto, según informó Política Argentina. La imagen es perfectamente representativa del momento político: funcionarios en una sala, discutiendo posiciones, calculando votos, diseñando movimientos. Una escena habitual en cualquier gobierno del mundo.

El problema no es que el oficialismo planifique. El problema es qué están planificando y para quién. Porque mientras esa reunión ocurría, en algún taller metalúrgico del Gran Buenos Aires un dueño de PyME miraba su planilla de costos y postergaba la compra de un torno CNC. En algún campo del litoral, un productor sojero calculaba si le convenía liquidar dólares ahora o esperar. En algún local del centro de Mendoza, un emprendedor gastronómico decidía si renovaba el contrato de alquiler por otro año o cerraba antes de que los números lo obligaran.

August como horizonte político tiene sentido para quien necesita votos. Para quien necesita previsibilidad productiva, agosto es simplemente demasiado lejos.

El calendario electoral no es el calendario del emprendedor

Hay una brecha estructural entre el tiempo de la política y el tiempo de la producción. El político mide en ciclos electorales: primarias, generales, ballotage, renovación de mandatos. El emprendedor mide en flujo de caja semanal, en vencimientos impositivos mensuales, en cuotas de capital de trabajo que hay que honrar sin importar si hay o no elecciones en agosto.

Esta asincronía no es nueva en Argentina, pero sí es particularmente costosa cuando el país atraviesa un proceso de estabilización que todavía no se consolida del todo. La inflación cedió de manera significativa —el INDEC registró una desaceleración sostenida desde los picos de 2023— pero el crédito privado sigue caro, la presión tributaria sobre las empresas formales no bajó en proporción al ajuste del gasto, y la estructura de costos laborales continúa siendo uno de los principales desincentivos para contratar en blanco.

Dicho de otro modo: el macro mejoró, pero el micro donde vive el emprendedor todavía no lo siente en el bolsillo ni en el balance.

¿Qué necesita el sector productivo que esa reunión no resuelve?

No se trata de pedir que el Gobierno abandone la política. La política es inevitable y, bien ejercida, es el vehículo para construir las instituciones que el libre mercado necesita para funcionar. Hayek lo entendía claramente: las reglas del juego importan tanto como los jugadores.

Lo que el sector productivo reclama —sin sindicatos que lo representen en los medios, sin lobbistas que lo defiendan en los pasillos— es bastante concreto:

Previsibilidad cambiaria. El crawling peg funcionó como ancla, pero la incertidumbre sobre el esquema post-electoral genera dudas en los exportadores sobre cuándo y a qué tipo liquidar. Cada duda es un dólar que no entra al sistema.

Reducción efectiva de la carga impositiva sobre la producción. Ingresos Brutos en cascada, contribuciones patronales, sellos: la suma aplasta la rentabilidad de cualquier empresa mediana que intente crecer en el mercado formal. Sin reforma tributaria real, el ajuste del gasto central es solo la mitad de la ecuación.

Desregulación laboral que permita contratar sin miedo. La indemnización como variable de costo impredecible sigue siendo uno de los mayores frenos para la generación de empleo registrado. El emprendedor que quiere crecer hace el cálculo y muchas veces prefiere no contratar antes de asumir una obligación futura que no puede estimar.

Apertura comercial gradual pero sostenida. El productor que compite con importaciones baratas subsidiadas en origen necesita reglas claras, no proteccionismo indefinido. Pero también necesita acceso a insumos importados sin trabas burocráticas que encarecen la cadena.

La trampa del cortoplacismo electoral

Hay un riesgo real en subordinar la agenda de reformas estructurales al calendario electoral. No es un riesgo hipotético: Argentina lo vivió demasiadas veces. Cada vez que un gobierno priorizó la foto política sobre la reforma incómoda, el resultado fue el mismo: un rebote corto seguido de un ajuste más brutal.

Milei llegó al poder con un mandato de transformación genuina. Parte de esa transformación —la reducción del déficit fiscal, el shock de confianza inicial, la desarticulación de algunos subsidios— ya ocurrió y sus efectos positivos son mensurables. Pero la segunda etapa, la que consolida el cambio estructural, requiere reformas que no tienen foto inmediata: modificaciones al código laboral, simplificación tributaria, apertura de mercados, reducción de la burocracia municipal y provincial.

Si la estrategia que se discutió en esas dos horas de reunión apunta a maximizar votos en agosto sin avanzar en esa agenda, el sector productivo va a pagar el costo. No con un colapso inmediato —la estabilización ganó tiempo— sino con una inversión privada que sigue siendo tímida cuando debería estar acelerando.

Como señalaba Friedman, la estabilidad monetaria es condición necesaria pero no suficiente para el crecimiento. El resto lo tiene que hacer la política económica de fondo, no la política electoral de corto plazo.

El galpón no espera que pasen las elecciones

Hay una imagen que resume bien la situación: el dueño de un galpón industrial en Rosario, Córdoba o La Matanza que tiene pedidos pero no puede financiarlos, que tiene ganas de contratar pero le teme a la litigiosidad laboral, que exporta pero no sabe qué tipo de cambio va a encontrar en tres meses.

Ese emprendedor no tiene tiempo de esperar que el Gobierno resuelva su estrategia electoral. Él toma decisiones todos los días con la información que tiene, en un contexto que todavía castiga demasiado al que produce y premia demasiado poco al que se arriesga a invertir en el sector real.

La buena noticia es que el camino de la reforma está trazado. La mala es que cada mes que pasa sin avanzar en él es un costo que pagan los que generan riqueza, no los que la redistribuyen. Y eso, en términos de incentivos, es exactamente el mensaje equivocado.