Presión tributaria en mínimo de 20 años: qué cambia y qué falta

Un dato que merece ser leído con rigor, no con euforia

La noticia circuló esta semana con cierta carga celebratoria: según Aire de Santa Fe, la presión tributaria en Argentina sería la menor de los últimos veinte años. Para un país acostumbrado a liderar rankings de carga fiscal entre las economías emergentes, el dato no es menor. Pero leerlo correctamente exige separar el fenómeno estadístico de sus causas y de sus consecuencias reales sobre la inversión, el tipo de cambio, el déficit y el poder adquisitivo de la clase media.

Empecemos por lo técnico: la presión tributaria se mide como recaudación total sobre PBI. Si ese ratio cae, puede significar dos cosas muy distintas: que efectivamente se bajaron impuestos de manera estructural, o que el PBI nominal creció más rápido que la recaudación —o que esta última cayó en términos reales por menor actividad o por licuación inflacionaria—. Ambas lecturas coexisten en el dato actual y confundirlas lleva a conclusiones erróneas.

Qué explica la caída del ratio y qué no

El programa económico de La Libertad Avanza incluyó algunas medidas concretas de alivio tributario: la eliminación del impuesto PAIS —que llegó a gravar al 17,5% las importaciones y las operaciones en dólares—, la reducción de retenciones a algunas economías regionales y la no actualización de mínimos no imponibles a la velocidad de la inflación acumulada de 2023, lo que paradójicamente licuó la base imponible real de Ganancias en los primeros meses del gobierno. Ninguna de estas medidas equivale a una reforma tributaria estructural, pero suman en la dirección correcta.

Al mismo tiempo, el ancla fiscal del programa —el superávit primario sostenido durante 2024 y los primeros meses de 2025— redujo la necesidad de recaudación adicional de emergencia, ese recurso permanente de los gobiernos populistas para financiar gasto con más presión sobre los contribuyentes formales. Cuando el Estado gasta menos, necesita extraer menos. La lógica es elemental pero su aplicación en Argentina tiene décadas de deuda pendiente.

Lo que el dato no refleja todavía es una simplificación del sistema. Argentina sigue teniendo más de 160 tributos entre nación, provincias y municipios. Ingresos Brutos —el impuesto en cascada que más daño hace a la cadena productiva— continúa intacto en la mayoría de las jurisdicciones. Las contribuciones patronales siguen siendo un desincentivo directo a la contratación formal. En este contexto, que el ratio baje como porcentaje del PBI es una buena noticia estadística, pero no necesariamente una experiencia cotidiana para el dueño de una PyME que liquida IVA, Ingresos Brutos, Ganancias y cargas sociales cada mes.

El impacto en las variables macro: señal positiva, no victoria definitiva

Desde una perspectiva de economía aplicada, una menor presión tributaria —cuando se sostiene con equilibrio fiscal— tiene efectos mensurables sobre varias variables:

Riesgo país e inversión: El riesgo país argentino cayó de niveles superiores a los 1.900 puntos básicos en diciembre de 2023 a valores en torno a los 600-700 puntos básicos a mediados de 2025, según datos del mercado secundario de deuda. Esa compresión responde en parte a la credibilidad fiscal del programa. Un Estado que recauda menos pero gasta menos aún transmite solvencia; un Estado que recauda menos y sigue con déficit transmite exactamente lo contrario.

Tipo de cambio: La eliminación del impuesto PAIS redujo la brecha entre el tipo de cambio oficial y los paralelos y abarató las importaciones de insumos. Para las industrias que dependen de bienes de capital o materias primas importadas, esto se traduce en costos menores y márgenes algo más respirable.

Inflación: Menos impuestos sobre la cadena de valor implican menor traslado a precios. El impuesto PAIS era, en los hechos, un impuesto inflacionario encubierto: encarecía todo lo que tuviera componente importado. Su eliminación contribuyó a la desinflación observada en la segunda mitad de 2024.

Déficit fiscal: Aquí está el trade-off que no puede ignorarse. Si la recaudación cae como porcentaje del PBI pero el gasto primario cae más rápido, el resultado fiscal mejora. Eso es lo que ocurrió en 2024. El riesgo es que la recuperación económica de 2025 genere presiones de gasto —subsidios, obra pública, salarios estatales— que erosionen el superávit antes de que la base tributaria se amplíe por mayor actividad formal.

Lo que Hayek y Alberdi dirían hoy

Hayek advertía que la carga tributaria no se mide solo en puntos del PBI sino en la distorsión que introduce en las señales de precios y en los incentivos a producir. Un sistema con muchos impuestos pequeños y mal diseñados puede ser más dañino que uno con pocos impuestos altos pero previsibles. Argentina tiene lo peor de ambos mundos: muchos impuestos, altos, y con reglas que cambian cada año.

Alberdi, en sus Bases, entendía que la riqueza de la Nación dependía de atraer trabajo, capital y población con reglas claras y estables. Esa visión fundacional sigue siendo el diagnóstico correcto. La baja de presión tributaria como porcentaje del PBI es un primer paso compatible con esa filosofía, pero el sistema sigue siendo lo suficientemente complejo como para desalentar la inversión productiva de mediano plazo.

Milton Friedman solía recordar que el costo real del gobierno no es lo que recauda sino lo que gasta, porque el gasto de hoy es impuesto de mañana. En ese sentido, el mérito del programa actual no está solo en la baja del ratio tributario sino en haber demostrado que el superávit fiscal es técnicamente posible en Argentina. Eso no es un logro menor.

El camino que falta: reforma estructural o administración del statu quo

El riesgo político del momento es que la baja estadística de presión tributaria se use como argumento para no avanzar en la reforma estructural que el sistema productivo necesita. Si el ratio mejoró por efecto de la recuperación del PBI y la eliminación de impuestos de emergencia, pero la arquitectura tributaria de fondo no cambia, la mejora es frágil y reversible.

Lo que falta en la agenda —y que cualquier economista de tradición liberal señalaría— es la eliminación o reducción drástica de Ingresos Brutos a nivel provincial, la unificación del sistema de contribuciones patronales para reducir el costo del empleo formal, y la simplificación del régimen del monotributo para que la informalidad no sea la única salida racional para los trabajadores independientes.

Implicancia práctica para PyMEs y clase media

Para el dueño de una PyME, el dato macro es relevante pero distante. Lo concreto es esto: si la eliminación del impuesto PAIS abarató sus insumos importados y la desinflación mejoró la previsibilidad de sus costos, el escenario operativo de 2025 es mejor que el de 2023. Pero mientras Ingresos Brutos siga vigente y las cargas sociales sigan donde están, contratar en blanco y crecer sigue siendo castigado por el sistema.

Para la clase media asalariada, la pregunta es si la baja de presión tributaria agregada se traduce en más poder adquisitivo neto. La respuesta depende de si el empleo formal crece —lo que amplía la base y permite bajar alícuotas— o si la recuperación se da mayormente en la informalidad, que no paga impuestos pero tampoco accede a protecciones sociales.

En síntesis: el mínimo de presión tributaria en veinte años es una señal que va en la dirección correcta. Pero una señal no es un destino. El trabajo técnico y político para construir un sistema tributario que no castigue a quien produce, invierte y emplea sigue siendo la deuda pendiente más importante de la agenda liberal en Argentina.