La importancia del orden fiscal en tiempos de crisis: por qué Argentina no puede volver a fallar

El déficit como raíz, no como síntoma

Cada crisis argentina de las últimas cuatro décadas comparte un mismo prólogo: un Estado que gasta más de lo que recauda y financia la diferencia con deuda, emisión o represión financiera. La hiperinflación de 1989, la salida traumática de la convertibilidad en 2001, el cepo de 2011 y la corrida de 2018 no fueron accidentes climáticos. Fueron el desenlace lógico de gobiernos que trataron el déficit fiscal como una variable de ajuste política y no como el problema central.

El déficit no es un número contable. Es una promesa de impuestos futuros, de inflación futura o de default futuro. Los mercados lo saben, los ahorristas lo saben y, cuando la brecha se vuelve insostenible, huyen todos al mismo tiempo. Ahí empieza la crisis que después los políticos llaman "herencia".

Por eso, cuando se discute la importancia del orden fiscal en tiempos de crisis, no se está debatiendo una cuestión técnica menor: se está definiendo si el país tiene un ancla mínima para negociar deuda, estabilizar la moneda y volver a atraer capital.

Qué significa realmente "orden fiscal"

Orden fiscal no es sinónimo de ajuste indiscriminado ni de motosierra ciega. Significa tres cosas concretas y verificables:

• Resultado primario superavitario o, al menos, equilibrado, medido sin trampas contables (sin computar rentas del BCRA como ingreso genuino, por ejemplo).
• Financiamiento no inflacionario del Tesoro, es decir, cortar la asistencia monetaria del Banco Central.
• Reglas fiscales creíbles y estables en el tiempo, que trasciendan al gobierno de turno.

Un país con orden fiscal puede seguir teniendo deuda, incluso alta. Lo que no puede es tener una trayectoria explosiva. La diferencia entre Chile y Argentina en los últimos 30 años no está tanto en el tamaño del Estado como en la previsibilidad de su regla fiscal. Cuando los agentes económicos creen que la regla se va a cumplir, bajan la tasa de interés que le exigen al soberano, y ese ahorro se traduce en inversión privada y empleo.

Hayek lo formuló hace décadas: la moneda sana y las cuentas públicas ordenadas no son objetivos ideológicos, son las condiciones institucionales que hacen posible cualquier otro objetivo, incluido el social.

El caso argentino 2023-2024: qué cambió

El gobierno actual llegó con un déficit financiero cercano al 5% del PBI y una bola de pasivos remunerados del Banco Central que equivalía a varias bases monetarias. En pocos meses, según datos publicados por el Ministerio de Economía y reportados por medios como La Nación y Clarín, se alcanzó superávit primario y financiero por primera vez en más de una década.

Los costos fueron reales: caída de la actividad en el primer semestre, licuación de ingresos por inflación reprimida previa, ajuste de tarifas. Un liberal honesto no oculta esos trade-offs. Pero también hay que mirar la otra columna del balance: desaceleración fuerte de la inflación mensual, según informes del INDEC, recomposición de reservas y compresión del riesgo país.

No es magia ni relato. Es la consecuencia previsible de dejar de financiar gasto con emisión. Como recordamos en Refinanciaciones récord: cuando el Estado tapa con burocracia lo que generó con inflación, durante años se disfrazó el problema fiscal con ingeniería financiera. Cortar esa rueda era condición previa a cualquier estabilización.

Por qué el orden fiscal es especialmente urgente en crisis

En épocas de bonanza, el desorden fiscal se disimula: entran dólares, sube la recaudación por commodities, la deuda parece manejable. En crisis pasa lo contrario. Cae la recaudación, sube el costo del financiamiento, se cierran los mercados. Cada punto de déficit adicional se paga a tasas usurarias o directamente con emisión.

En ese contexto, sostener el equilibrio fiscal cumple tres funciones simultáneas:

1. Ancla nominal: evita que la inflación se convierta en hiperinflación.
2. Señal a los acreedores: permite renegociar deuda sin quitas catastróficas.
3. Protección del ahorro interno: sin emisión desbocada, los pesos dejan de derretirse en los bolsillos de asalariados y jubilados.

Esto último suele omitirse en el debate público. La inflación es el impuesto más regresivo que existe: golpea más fuerte a quien no puede dolarizarse ni comprar bonos. Como analizamos en Inflación y propiedad privada en Argentina: el robo silencioso, el desorden fiscal termina siendo una transferencia forzada desde los más vulnerables hacia el propio Estado emisor.

Las objeciones progresistas y por qué fallan

La crítica habitual sostiene que el orden fiscal "lo pagan los que menos tienen". Es una frase potente pero empíricamente débil. Lo que pagan los que menos tienen, y lo pagan siempre, es el desorden. La hiperinflación del 89 no la sufrieron los tenedores de bonos externos: la sufrieron los jubilados y los empleados en blanco cuyos salarios se evaporaron.

Una segunda objeción sostiene que en recesión hay que expandir el gasto, siguiendo un keynesianismo mal digerido. El problema es que Argentina no tiene el privilegio de emitir una moneda de reserva mundial. Cada peso de gasto no financiado genera desconfianza inmediata, sube la brecha cambiaria y termina siendo contractivo. La política contracíclica requiere haber ahorrado antes; el país lleva décadas sin hacerlo.

La tercera objeción, más sofisticada, apunta a la composición del ajuste. Ahí sí hay debate legítimo: no es lo mismo recortar transferencias discrecionales a provincias que licuar jubilaciones. Es una discusión que abordamos en Análisis del gasto público en programas sociales en Argentina y en Gasto público en Argentina: cómo destruye la calidad de vida.

Orden fiscal y libertad económica: el vínculo que no se ve

Un Estado fiscalmente ordenado necesita menos impuestos distorsivos, menos controles y menos represión financiera. Es decir, deja más espacio al sector privado para producir, invertir y contratar. La libertad económica no florece en países con déficits crónicos: florece donde el Estado hace lo que tiene que hacer con los recursos que efectivamente tiene.

Alberdi lo escribió en el siglo XIX y sigue vigente: "el Tesoro y el gobierno son dos hechos correlativos que se suponen mutuamente". Un Tesoro quebrado produce un gobierno arbitrario, que suple con controles lo que no puede con recursos. De ahí salen los cepos, los precios cuidados, las retenciones móviles y la maraña regulatoria que asfixia al sector productivo, como discutimos en Efectos de la burocracia en la creación de empresas en Argentina.

Milton Friedman insistía en que el verdadero costo del Estado no es lo que recauda, sino lo que gasta: ese es el peso real sobre la economía, porque tarde o temprano alguien tiene que financiarlo. En Argentina, ese "alguien" fue durante décadas el ahorrista licuado por inflación y el contribuyente formal exprimido por una presión tributaria récord en la región.

Qué viene después del ajuste inicial

Alcanzar superávit primario es condición necesaria pero no suficiente. El desafío ahora es institucionalizar la regla fiscal para que no dependa de un presidente ni de un ministro. Chile lo hizo con su regla de balance estructural; Perú y Uruguay tienen sus propias variantes. Argentina necesita algo equivalente, con anclaje legal y sanciones creíbles al incumplimiento.

En paralelo, hace falta una reforma tributaria que baje la carga sobre el trabajo formal y la inversión, tal como planteamos en Menos impuestos, más inversión: lo que Argentina resigna cada año. Un sistema con menos impuestos, mejor diseñados, recauda más en el mediano plazo porque amplía la base.

Y, sobre todo, hace falta que la sociedad entienda algo básico: no existe gasto público gratis. Cada peso que gasta el Estado es un peso que sale del bolsillo de alguien, hoy vía impuestos, mañana vía inflación o pasado mañana vía default. La importancia del orden fiscal en tiempos de crisis no es un dogma libertario: es la constatación empírica de que los países que lo respetaron crecieron y los que lo despreciaron, como el nuestro, se empobrecieron sistemáticamente.

El desafío argentino no es volver a ajustar cada diez años. Es construir, de una vez, las instituciones fiscales que hagan innecesario el próximo ajuste de emergencia.