Insaurralde y el gasto público: cuando el yate expuso a toda la casta

El yate que se comió el relato

El 22 de septiembre de 2023, la modelo Sofía Clerici subió fotos a Instagram desde el yate Bandido, amarrado en Marbella. Al lado de ella, en camisa blanca y anteojos de sol, estaba Martín Insaurralde, entonces Jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires y candidato a concejal por Lomas de Zamora. Lo que siguió fue el derrumbe más rápido de una carrera política kirchnerista en décadas.

El diario español Marca estimó el alquiler semanal del Bandido en torno a los 900.000 dólares, un barco de 47 metros con tripulación, jacuzzi y helipuerto. Traducido: una semana en ese yate equivalía a lo que un trabajador argentino que gana el salario medio tarda más de cien años en cobrar. Y quien lo estaba disfrutando no era un empresario que armó una fábrica, sino un funcionario cuya carrera entera transcurrió dentro del Estado.

No hace falta ser liberal para incomodarse. Alcanza con hacer la cuenta.

Los números que Insaurralde no puede explicar

Al momento del escándalo, el sueldo bruto de un Jefe de Gabinete provincial en Buenos Aires rondaba, según reportes de medios como La Nación e Infobae, los 2 millones de pesos mensuales (equivalentes a unos 5.700 dólares al tipo de cambio MEP de septiembre 2023). Con ese ingreso oficial, la semana de vacaciones en el Bandido representaba más de 13 años completos de sueldo íntegro, sin gastar un peso en comida, alquiler o impuestos.

A eso hay que sumarle otros ítems que aparecieron en la causa:

• Relojes de lujo (Rolex, Audemars Piguet) valuados en decenas de miles de dólares cada uno.
• Bolsos Louis Vuitton y Hermès entregados como regalos, documentados en las mismas redes.
• Propiedades y fondos en cuentas allanadas por la Justicia Federal de Lomas de Zamora.
• Cajas de seguridad con dólares y euros en efectivo detectadas durante los procedimientos.

La fiscalía imputó a Insaurralde por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. La causa sigue abierta y, como es tradición en la justicia federal argentina, avanza a ritmo de tortuga. Pero el punto editorial es otro: ningún funcionario público con sueldo declarado puede sostener ese estilo de vida sin que algo esté mal. O el sueldo público es una ficción para la tribuna, o la plata sale de otro lado.

La provincia más cara del país

Insaurralde no era cualquier funcionario. Administraba, como Jefe de Gabinete, la coordinación operativa de la provincia de Buenos Aires, distrito que concentra cerca del 40% del gasto público subnacional argentino según datos del Ministerio de Economía de la Nación. Presupuesto 2023 provincial: más de 6 billones de pesos. Empleados públicos: por encima de los 650.000. Planes sociales gestionados: millones.

Es decir, la persona que aparecía en un yate de 900.000 dólares semanales era, hasta esa foto, la mano operativa de uno de los aparatos estatales más grandes de América Latina. En nuestro análisis sobre gasto público en Argentina ya mostramos cómo cada punto adicional de gasto se traduce en más impuestos, más inflación o más deuda. Buenos Aires es el caso de estudio.

Y acá aparece la pregunta incómoda para el progresismo: si el Estado grande es la solución para los pobres, ¿por qué los que lo administran terminan navegando en Marbella y no los pobres a los que dicen representar?

"El mismo Insaurralde que..."

Hagamos memoria, porque el relato tiene la costumbre de reciclarse.

• 2013: Insaurralde competía contra Sergio Massa por la interna peronista bonaerense hablando de "justicia social" y "redistribución del ingreso".
• 2019: Como intendente de Lomas de Zamora, encabezaba actos denunciando el "ajuste macrista" y prometiendo blindar al Estado.
• 2021: Asumía como Jefe de Gabinete de Axel Kicillof con un discurso sobre "reconstruir la Patria" tras la pandemia.
• Septiembre 2023: Yate de 900.000 dólares en Marbella.
• 48 horas después: Renuncia a todos los cargos y baja su candidatura.

Es el arco narrativo perfecto del populismo distribucionista: se predica austeridad para el otro mientras se practica opulencia offshore. Y no es exclusivo de Insaurralde. Es la lógica de un sistema donde el poder político se transformó en la vía más rápida para acumular patrimonio sin generar valor, algo que ya discutimos en liberalismo vs populismo en América Latina.

Mérito vs. gestión política del ingreso

Acá está el corazón del asunto y por qué esta nota vive en el cluster de cultura del mérito. En una economía libre, alguien que alquila un yate de 900.000 dólares por semana tuvo que, previamente, generar valor por múltiplos de esa cifra: fundar empresas, exportar, contratar, arriesgar capital propio, competir. Podés estar de acuerdo o no con la desigualdad resultante, pero al menos la cifra tiene una contrapartida productiva.

En el modelo Insaurralde, la contrapartida es opaca. No hay empresa creada, no hay patente registrada, no hay producto exportado. Hay una carrera de 25 años dentro del aparato estatal bonaerense. Como explicamos en cultura del mérito y competitividad, cuando el ascensor social principal de un país es el Estado y no el mercado, se premian habilidades muy distintas: lealtad, rosca, capacidad de mover expedientes. No producir, sino administrar lo que otros producen.

Friedman lo escribió con claridad en Capitalism and Freedom: cuando el gobierno controla los recursos, la política se convierte en la actividad más rentable del país. Argentina lleva décadas confirmándolo empíricamente.

La falta de transparencia como sistema

Lo del yate no salió por una auditoría, ni por la Oficina Anticorrupción, ni por la Sindicatura General provincial. Salió por Instagram. Y ahí está el problema estructural: el Estado argentino no tiene mecanismos efectivos para detectar el enriquecimiento de sus funcionarios en tiempo real.

Las declaraciones juradas son declarativas (valga la redundancia), rara vez se cruzan con AFIP, casi nunca se auditan con estándares internacionales tipo GAFI. Los viajes oficiales de funcionarios provinciales no siempre están publicados en portales de transparencia con detalle de costos, viáticos, comitiva y objetivos. Chile publica esa información con granularidad; Argentina, en general, no.

El Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional ubicó a Argentina en el puesto 98 sobre 180 países en 2023, con una puntuación de 37/100. No es un ranking en el que uno quiera estar. Y no se sale de ahí con más leyes: se sale con menos discrecionalidad estatal, menos cajas para administrar, menos decisiones tomadas a puertas cerradas por funcionarios cuyo sueldo declarado no explica su patrimonio.

Qué debería cambiar (y por qué probablemente no cambie solo)

Hay medidas concretas, algunas ya discutidas en la importancia del orden fiscal:

1. Publicación online, en tiempo real, de todos los viajes oficiales: destino, costo, comitiva, objetivo, resultado.
2. Cruce automático DDJJ patrimoniales vs. AFIP vs. movimientos migratorios para funcionarios de alto rango.
3. Reducción del tamaño del Estado: menos áreas discrecionales significa menos oportunidades para el desvío. Menos ministerios, menos cajas paralelas, menos programas sin auditoría.
4. Sanciones penales efectivas que no prescriban a los siete cafés en Comodoro Py.

Pero seamos honestos: ninguna de estas medidas se autoimplementa. El sistema político argentino construyó, durante décadas, incentivos para que el enriquecimiento estatal fuera posible y la detección improbable. Cambiar eso requiere presión ciudadana sostenida, prensa que no mire para otro lado y, sobre todo, un giro cultural donde el mérito genuino vuelva a ser la vara.

Mientras tanto, el caso Insaurralde queda como recordatorio incómodo: la próxima vez que un funcionario hable de "redistribución", conviene preguntarle dónde pasa las vacaciones.