Insaurralde reaparición y causas judiciales: el regreso de un símbolo de la casta

El regreso que nadie pidió, pero que el sistema permite

Dos años después de que las fotos del yate Bandido en Marbella hicieran estallar la interna del peronismo bonaerense, Martín Insaurralde volvió a mostrarse en actos partidarios. No es una vuelta triunfal ni una conferencia de prensa: son apariciones medidas, en reuniones del PJ, en fotos de segunda fila, en actos donde su presencia se filtra más que se anuncia. Pero es una vuelta.

Y es una vuelta que ocurre con la causa judicial abierta. La fiscal Fabiana León, de la Fiscalía General de Dolores, inició en octubre de 2023 una investigación por enriquecimiento ilícito a partir de las imágenes que Sofía Clerici publicó en sus redes. La causa sigue su curso —lento, como todas— y no hay procesamiento firme ni medidas cautelares que le impidan a Insaurralde participar de la vida política.

Esto no es una anécdota. Es el corazón del problema argentino: el costo de la política mal hecha lo paga el que produce, y el que se sirvió del Estado vuelve como si nada.

El mismo Insaurralde que decía representar "al pueblo"

Insaurralde fue intendente de Lomas de Zamora entre 2009 y 2021. Después, jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires bajo Axel Kicillof, desde diciembre de 2021 hasta octubre de 2023. Un cargo que, según la escala oficial del Estado bonaerense, paga un sueldo alto pero no astronómico —ciertamente no lo suficiente para financiar yates de lujo en la Costa del Sol, relojes de alta gama y viajes privados.

El 24 de septiembre de 2023, la modelo Sofía Clerici publicó en Instagram fotos a bordo del yate Bandido en Marbella. Insaurralde aparecía junto a ella. El escándalo fue inmediato: una semana después, el 1 de octubre, renunció al cargo. Kicillof aceptó la renuncia con un comunicado escueto. La campaña bonaerense entró en crisis a tres semanas de las elecciones generales.

Lo que vino después es la parte que menos se cuenta. Las declaraciones juradas de Insaurralde, disponibles en la Oficina Anticorrupción, muestran un patrimonio declarado que —según la denuncia inicial— no se condice con el nivel de gasto exhibido en las fotos. Ese es exactamente el hecho que activó la causa por enriquecimiento ilícito.

Los datos que nadie muestra: estado procesal real

Según la información publicada por medios como La Nación e Infobae a lo largo de 2024, la causa en Dolores avanzó con pedidos de informes bancarios, análisis de movimientos patrimoniales y declaraciones testimoniales. La fiscal León pidió información sobre bienes registrables, movimientos financieros y sociedades vinculadas.

Pero —y esto es lo importante— no hay a la fecha:

• Procesamiento firme.
• Prisión preventiva.
• Inhibición general de bienes con carácter definitivo.
• Restricciones para viajar o para participar en actos públicos.

En términos jurídicos, Insaurralde es una persona bajo investigación con plena libertad ambulatoria y plenos derechos políticos. En términos prácticos, eso significa que puede volver a la política sin obstáculos formales. Y está usando esa posibilidad.

Es el mismo patrón que ya analizamos en Insaurralde y el gasto público: cuando el yate expuso a toda la casta: el problema no es un funcionario, es un sistema que permite este ida y vuelta.

Cronología del papelón

Para dimensionar la velocidad con la que el sistema absorbe el escándalo y devuelve al protagonista al ruedo, vale ordenar la línea de tiempo:

• 24 de septiembre de 2023: Clerici publica las fotos del yate en Marbella.
• 1 de octubre de 2023: Insaurralde renuncia como jefe de Gabinete bonaerense.
• Octubre de 2023: la fiscal Fabiana León abre causa por enriquecimiento ilícito en Dolores.
• Noviembre de 2023: Milei gana el balotaje. La agenda mediática se traslada.
• 2024: la causa avanza en instrucción; pedidos de informes bancarios y patrimoniales.
• 2024-2025: Insaurralde comienza a reaparecer en reuniones del PJ bonaerense, primero en actos internos, luego en fotos públicas.

Dos años. Ese es el tiempo que tardó el sistema político argentino en normalizar la reincorporación de un funcionario expuesto en un escándalo internacional. Dos años, ninguna condena, y la puerta giratoria funcionando.

Por qué esto es un problema de mérito, no solo de justicia

Acá está el punto que a veces se pierde en el debate. El problema Insaurralde no es únicamente judicial. Es un problema de incentivos. Cuando un país permite que la carrera política sea más rentable que la producción, y además garantiza que los costos reputacionales sean transitorios, está mandando una señal culturalmente devastadora.

El mensaje al pibe que arranca un emprendimiento en el conurbano —el mismo conurbano que Insaurralde gobernó doce años— es brutal: vos vas a pagar Ingresos Brutos, ARBA, monotributo, aportes, contribuciones, tasa municipal, y si te va bien te van a discutir el mérito. El otro se sube a un yate en Marbella y en dos años vuelve a la política.

Esta es la contracara exacta de lo que planteamos en Cultura del mérito y competitividad: por qué Argentina pierde la carrera. Un país que no castiga la extracción de rentas del Estado, y que sí castiga la producción privada con impuestos confiscatorios, está eligiendo activamente el modelo Insaurralde por sobre el modelo emprendedor.

Hayek lo escribió hace ochenta años en Camino de servidumbre: cuando el poder político se convierte en la vía más segura al enriquecimiento, los peores tienden a subir. No es una frase, es una descripción operativa de la política bonaerense.

Los tiempos de la justicia y el timing de la política

Hay una asimetría que conviene explicitar. La justicia argentina, en causas de corrupción contra funcionarios, tarda en promedio años en llegar a una sentencia firme. Casos emblemáticos de las últimas dos décadas —cuadernos, Hotesur, Vialidad— muestran plazos de entre 8 y 15 años entre la denuncia y una condena de primera o segunda instancia, con recorridos posteriores en Casación y Corte.

Mientras tanto, los ciclos electorales duran dos años. La memoria mediática, semanas. El resultado matemático es previsible: cuando la justicia eventualmente resuelva, el funcionario ya pudo haber vuelto a un cargo, retirarse con jubilación de privilegio, o simplemente diluir su responsabilidad en el paso del tiempo.

Este desfasaje entre tiempos judiciales y tiempos políticos es exactamente lo que permite reapariciones como la de Insaurralde. Y también es lo que hace tan importante lo que planteamos en 2027: la pelea silenciosa por quién cuenta los votos: las estructuras que sostuvieron a estos personajes siguen intactas debajo de la superficie.

Y encima: la señal a los que sí producen

La cara b de la historia son los cientos de miles de argentinos que en estos dos años cerraron empresas, dejaron de emplear, emigraron o simplemente resignaron proyectos. Esos no vuelven. No hay reapariciones para el que fundió la pyme por la presión fiscal, ni fotos de segunda fila para el que se fue a Madrid con la matrícula bajo el brazo.

Lo desarrollamos en detalle en Menos impuestos, más inversión: lo que Argentina resigna cada año y en Efectos de la burocracia en la creación de empresas en Argentina: el país expulsa sistemáticamente al que produce y recicla al que se sirvió del aparato. Es la meritocracia invertida.

La reaparición de Insaurralde no es, en sí misma, ilegal. Nadie está diciendo eso. Es peor: es perfectamente legal, socialmente tolerada y políticamente funcional. Ese es el diagnóstico. Y sin un cambio cultural sobre qué premiamos y qué castigamos como sociedad, ninguna reforma económica va a alcanzar. Porque el problema no se termina cuando baja el gasto público: se termina cuando la política deja de ser el atajo.