2027: la pelea silenciosa por quién cuenta los votos

El escrutinio como campo de batalla

La pregunta parece administrativa: ¿quién va a controlar el recuento de votos en las elecciones de 2027? Pero detrás de esa pregunta técnica se esconde la disputa política más sustantiva del próximo ciclo electoral argentino. Según Motor Económico, la cuestión de quién tendrá a su cargo el escrutinio en los próximos comicios ya está generando movimientos en el subsuelo del poder. No es casual que el tema emerja ahora, a más de un año de los comicios: los actores con más que perder empiezan a mover fichas cuando todavía hay tiempo de influir sobre las reglas del juego.

En Argentina, la discusión sobre el sistema electoral nunca es inocente. Cada reforma, cada cambio de autoridad de aplicación, cada modificación al software de cómputo provisorio tiene un destinatario político preciso. Entender quién empuja cada propuesta es entender quién teme qué resultado.

El oficialismo juega con una ventaja incómoda

La administración Milei llega a esta discusión con una posición contradictoria. Por un lado, el oficialismo tiene incentivos clarísimos para garantizar un proceso limpio y auditado: su capital político descansa en la narrativa de la ruptura con la vieja política, y cualquier sombra sobre la transparencia electoral le daría munición gratuita a sus adversarios. Un Milei que llega a 2027 con viento a favor en materia económica —o al menos con la estabilización consolidada— necesita que el resultado sea inobjetable. La legitimidad del triunfo vale tanto como el triunfo mismo.

Pero por otro lado, el oficialismo controla el Ejecutivo y, con él, los resortes institucionales que inciden sobre la organización electoral. Eso lo pone automáticamente bajo sospecha ante cualquier oposición que necesite una narrativa de victimización. El kirchnerismo, en particular, tiene un historial probado de convertir cualquier decisión administrativa en denuncia de fraude sistémico —lo hizo en 2015, lo intentó en 2019, y no hay razón para creer que en 2027 vaya a actuar distinto.

El desafío para La Libertad Avanza es, entonces, construir un andamiaje institucional tan robusto que le saque ese argumento de las manos a la oposición antes de que lo use.

La oposición peronista y el último recurso institucional

Para el peronismo —en sus múltiples variantes, desde el kirchnerismo duro hasta el massismo más pragmático— el terreno electoral es hoy el único donde puede competir en condiciones relativamente parejas. La economía, al menos por ahora, no le da argumentos sólidos. El desempleo no explotó como pronosticaron, la inflación cedió desde los picos de 2023-2024, y el tipo de cambio dejó de ser la bomba de tiempo que era hace dieciocho meses.

Entonces, si no podés ganar el debate económico, ganás el debate sobre las reglas. La disputa por el control del escrutinio es exactamente eso: un intento de instalar la idea de que el campo de juego está inclinado antes de que empiece el partido. Si lográs que el resultado sea cuestionable en origen, cualquier derrota se vuelve relatable para tu base.

No es una estrategia nueva ni exclusivamente argentina. Es el manual clásico de toda oposición que no confía en sus propios números.

Qué está en juego realmente: el diseño institucional

Más allá de la esgrima partidaria, hay una discusión de fondo que merece ser tomada en serio. Argentina tiene un sistema de escrutinio provisorio —ese que da los resultados la noche de la elección y que, en la práctica, define la narrativa política— que históricamente estuvo tercerizado en empresas privadas con contratos opacos y auditorías insuficientes. El escrutinio definitivo, a cargo de la Justicia Electoral, tarda semanas y casi nadie lo sigue.

Esa brecha entre el dato que importa políticamente (el provisorio, rápido, mediático) y el dato que importa jurídicamente (el definitivo, lento, ignorado) es una vulnerabilidad estructural del sistema. No porque haya evidencia de manipulación sistemática, sino porque la opacidad alimenta la desconfianza, y la desconfianza alimenta la inestabilidad.

Desde una perspectiva liberal, la solución no pasa por más Estado en el proceso sino por más transparencia y más competencia en la auditoría. Un sistema donde múltiples actores —partidos, organizaciones civiles, observadores internacionales, herramientas de código abierto— puedan verificar el proceso en tiempo real es más confiable que uno donde una sola autoridad centralizada tiene el monopolio de la información. Hayek lo diría de otra manera, pero el argumento es el mismo: la dispersión del conocimiento y el control es más robusta que su concentración.

Los movimientos que hay que seguir de cerca

En términos de tablero político concreto, hay tres variables que van a definir cómo se resuelve esta disputa antes de 2027.

Primero, la composición de la Cámara Nacional Electoral y los juzgados federales con competencia electoral. Los jueces no son neutrales en el sentido de que no tienen preferencias políticas; son neutrales en el sentido institucional de que están obligados por las normas. Pero quién integra esos tribunales importa, y las vacantes que se cubran en los próximos meses van a ser observadas con lupa.

Segundo, el debate sobre voto electrónico o boleta única de papel. Cada formato tiene defensores y detractores con intereses concretos. La boleta única de papel —que el propio oficialismo impulsó en su momento— reduce el peso de la estructura territorial para distribuir boletas, lo que perjudica al peronismo y beneficia a fuerzas con menos aparato. No es una discusión técnica: es una discusión sobre qué tipo de partido puede ganar con qué tipo de sistema.

Tercero, el financiamiento y la auditoría del software de escrutinio provisorio. Quién desarrolla el sistema, quién lo audita, y bajo qué condiciones de transparencia se publica el código fuente son preguntas que deberían tener respuesta pública mucho antes de la campaña.

La transparencia no es un favor: es una obligación republicana

El Gobierno tiene aquí una oportunidad que no debería desperdiciar. Si La Libertad Avanza llega a 2027 con una economía estabilizada y un proceso electoral impecable, le saca a la oposición sus dos principales narrativas de victimización. Si en cambio permite que el proceso quede envuelto en opacidad —aunque sea por desidia burocrática y no por mala fe— le regala a sus adversarios el argumento que más necesitan.

La transparencia electoral no es un gesto generoso hacia la oposición. Es una inversión en la propia legitimidad. Y en política, la legitimidad es el activo más escaso y el más difícil de recuperar una vez perdido.

El que controle la narrativa del escrutinio en 2027 no ganará la elección por eso. Pero el que pierda esa batalla podría perder mucho más que una elección.