Refinanciaciones récord: cuando el Estado tapa con burocracia lo que generó con inflación

Un número que no miente

El Banco Central publicó datos que merecen más que una lectura apresurada: el 3,2% de todo el saldo prestado por bancos a hogares argentinos entró en refinanciación durante el último período relevado, según reportó Clarín citando información oficial del BCRA. El porcentaje duplicó el registrado en octubre y representa el nivel más alto de la serie histórica. Entidades públicas respondieron con campañas para renegociar saldos de tarjetas y créditos al consumo.

La reacción inmediata en ciertos sectores fue leer esto como evidencia de que «el ajuste le pega a las familias». El análisis correcto es exactamente el inverso: las familias están pagando hoy el costo diferido de décadas de política monetaria irresponsable, de tasas reales negativas que incentivaron el endeudamiento artificial, y de un sistema financiero regulado hasta la parálisis que nunca pudo ofrecer crédito genuinamente accesible y predecible.

La trampa jurídica del crédito administrado

Desde una perspectiva institucional, el problema no empieza en el mostrador del banco ni en el resumen de tarjeta de una familia de clase media. Empieza en la arquitectura regulatoria que durante años convirtió al sistema financiero argentino en un apéndice del Tesoro.

Alberdi lo entendió antes que nadie: la seguridad jurídica y la estabilidad monetaria no son lujos del liberalismo abstracto, son las condiciones materiales sin las cuales ningún contrato privado puede sostenerse en el tiempo. Un crédito al consumo pactado a tasa variable en pesos, en un contexto de inflación del 200% anual, no es un contrato en ningún sentido sustantivo: es una apuesta. Y las apuestas, cuando se pierden masivamente, se refinancian.

Lo que mide el BCRA con ese 3,2% es el resultado de haber permitido —y en muchos casos alentado— que millones de hogares tomaran deuda en condiciones que ningún sistema financiero sano habría ofrecido. Las tasas reguladas por debajo de la inflación durante años crearon la ilusión de crédito barato. La corrección posterior —inevitable bajo cualquier programa de estabilización serio— expone la fragilidad de esa ilusión.

Campañas de renegociación: el Estado como bombero del incendio que encendió

Las campañas lanzadas por entidades públicas para renegociar saldos merecen una lectura crítica. No son, en sí mismas, una mala noticia: la reestructuración ordenada de deudas incobrables es preferible al default caótico. Pero el marco institucional en que se producen importa enormemente.

Cuando es el propio Estado —a través de bancos públicos que operan con mandato político— quien diseña los términos de la renegociación, se reproduce exactamente el mismo problema de origen: precios administrados, plazos discrecionales, criterios opacos. No hay señal de precios que informe al mercado. No hay incentivo para que el deudor evalúe su capacidad de repago real. No hay disciplina contractual.

Milton Friedman fue categórico al respecto: las distorsiones financieras no se resuelven con más distorsiones. Una refinanciación subsidiada hoy es deuda contingente del sistema mañana. Si las condiciones de renegociación no reflejan el riesgo real del deudor, el costo recae sobre el conjunto de los contribuyentes —que son, irónicamente, las mismas familias que supuestamente se benefician del esquema.

Estabilidad monetaria como derecho, no como privilegio

Hay una dimensión constitucional que suele ignorarse en este debate. El artículo 75 de la Constitución Nacional asigna al Congreso la atribución de «hacer sellar moneda, fijar su valor y el de las extranjeras». Es una cláusula de orden, no decorativa. La inflación crónica —que destruye el valor de los contratos, licúa los ahorros y vuelve impredecible cualquier planificación financiera familiar— es, desde una lectura alberdiana rigurosa, una violación sistemática del orden constitucional.

No hace falta apelar a tecnicismos: cuando una familia no puede saber cuánto valdrá su deuda en seis meses, no hay autonomía contractual posible. Y sin autonomía contractual, el crédito deja de ser un instrumento de movilidad económica para convertirse en una trampa.

El récord de refinanciaciones es, entonces, el síntoma jurídico de esa violación prolongada. Las familias que hoy piden más plazo y menos tasa no están pidiendo un favor: están intentando sobrevivir a las consecuencias de un sistema que nunca les ofreció reglas estables.

El camino correcto: reglas, no parches

La respuesta liberal a esta situación no es la indiferencia. Es exactamente la opuesta: exigir que el Estado cumpla su función constitucional primaria —garantizar la estabilidad de la moneda y la previsibilidad del sistema jurídico— en lugar de perpetuar el ciclo de distorsión, crisis y parche burocrático.

Eso implica sostener el programa de desinflación en curso, aunque sus costos de corto plazo sean reales y visibles. Implica reducir la participación de la banca pública en la asignación del crédito, que históricamente respondió a criterios políticos antes que técnicos. Implica avanzar hacia una regulación financiera que premie la solvencia y la transparencia, no que la reemplace con garantías implícitas del Estado.

José Luis Espert lo sintetizó con claridad en reiteradas ocasiones: el crédito genuino —el que financia inversión, consumo responsable y movilidad social real— solo existe donde hay moneda sana y contratos respetados. Todo lo demás es ficción financiera con fecha de vencimiento.

Conclusión que no es un cierre, sino una advertencia

El 3,2% de saldo refinanciado es hoy un récord histórico. Si las condiciones monetarias se estabilizan y el programa fiscal se sostiene, ese número debería caer en los próximos trimestres. Si, en cambio, la presión política lleva a relajar el ajuste, a emitir para sostener bancos públicos o a fijar tasas por decreto, ese porcentaje crecerá. Y la próxima vez que se duplique, habrá que explicarle a las mismas familias por qué el remedio volvió a ser peor que la enfermedad.

La estabilidad jurídica y monetaria no es un capricho ideológico. Es la condición de posibilidad de cualquier contrato, de cualquier crédito, de cualquier proyecto familiar a mediano plazo. Defenderla —incluso cuando duele en el corto plazo— es la única política genuinamente solidaria que existe.