La Ley de Tierras: cuando el populismo le teme a la inversión

El peronismo sale a la calle y el argumento de siempre

La noticia llegó sin demasiadas sorpresas: sectores del peronismo rechazaron la reforma a la Ley de Tierras y organizaron una movilización al Congreso. Según Cholila Online, la fractura interna del movimiento quedó expuesta ante una iniciativa que busca revisar los límites a la tenencia de tierras por parte de extranjeros. El argumento de fondo es el de siempre: "la patria se vende". El problema es que ese argumento tiene cuarenta años de rodaje y el campo argentino sigue siendo uno de los menos productivos en términos de inversión por hectárea comparado con sus pares regionales.

No alcanza con indignarse. Hace falta preguntarse por qué.

Lo que dicen los números que nadie quiere leer

La Ley 26.737, sancionada en 2011 bajo la gestión de Cristina Fernández, fijó un tope del 15% de la superficie total del territorio nacional para tenencia extranjera, con límites adicionales por provincia y por nacionalidad. El objetivo declarado era proteger la soberanía alimentaria. El resultado concreto fue otro: incertidumbre jurídica, fuga de inversores institucionales y una burocracia de registros que hasta hoy ninguna provincia implementó de forma homogénea.

Según datos del Ministerio de Economía, la inversión extranjera directa en el sector agropecuario argentino cayó sostenidamente entre 2012 y 2019, período en que la ley estuvo vigente sin modificaciones. Mientras tanto, el precio de la tierra en las zonas núcleo pampeanas creció impulsado casi exclusivamente por capitales domésticos concentrados, no exactamente el escenario de "democratización del suelo" que prometía la norma original.

El espejo incómodo: Chile, Uruguay e Irlanda

Aquí es donde el análisis comparativo se vuelve imposible de ignorar. Chile no tiene restricciones generales a la compra de tierras por extranjeros. Su marco jurídico para la inversión agropecuaria es predecible, sus títulos de propiedad son incontestables y su sistema de resolución de disputas funciona. El resultado: el sector vitivinícola chileno atrae capital internacional de forma sostenida, exporta a más de 100 mercados y genera encadenamientos productivos reales en regiones que antes eran deprimidas.

Uruguay, más cerca todavía, sí tiene controles sobre la tenencia de tierras —requiere que las sociedades extranjeras que compren campos se constituyan localmente y paguen impuestos en territorio uruguayo— pero los aplica con coherencia y sin retórica nacionalista. El resultado es que el país recibe inversión agroindustrial de Brasil, Europa y Estados Unidos de forma regular, con un precio de la tierra que refleja productividad real y no especulación política.

Irlanda es el caso más elocuente para quienes creen que un país pequeño con recursos limitados puede transformarse. En los años '80 era el enfermo de Europa occidental. Apostó por apertura, seguridad jurídica y baja carga impositiva al capital productivo. Hoy tiene el ingreso per cápita más alto de la Unión Europea. No lo logró marchando al parlamento para impedir que los extranjeros invirtieran: lo logró haciendo que invertir ahí fuera la decisión más racional del mercado.

Argentina, en cambio, sigue discutiendo si un inversor neozelandés puede comprar hectáreas en la Patagonia como si eso fuera la principal amenaza a la soberanía nacional. Mientras tanto, el INDEC registra que la pobreza rural afecta a más del 30% de la población en las provincias con mayor extensión de tierras "protegidas".

El problema real: no es la tierra, es la desconfianza institucional

Hayek lo explicó con precisión quirúrgica: el problema de las economías intervenidas no es la maldad de sus gestores sino la imposibilidad estructural de que un planificador central procese toda la información dispersa que el mercado coordina de forma espontánea. Aplicado al mercado de tierras: ningún funcionario en Buenos Aires puede saber mejor que el propio mercado cuánta tierra extranjera es "demasiada" para cada región, qué tipo de producción genera más valor y qué precio es justo para cada hectárea.

La Ley de Tierras original no protegió la soberanía. Generó un registro incompleto, una burocracia costosa y una señal clara hacia el exterior: acá las reglas cambian según quién gobierne. Esa señal es la que destruye inversión a largo plazo, no la apertura en sí misma.

Lo que la reforma propuesta —en sus lineamientos generales, más allá de los detalles técnicos que merecen debate— intenta corregir es exactamente eso: dar previsibilidad. Que un inversor sepa de antemano qué puede y qué no puede hacer, con criterios objetivos y estables. Eso no es "vender la patria". Eso es hacer lo que hizo Estonia cuando digitalizó su Estado y abrió su economía: señalar que las reglas del juego no cambian con cada elección.

La marcha como síntoma, no como argumento

Que el peronismo marche al Congreso no es el problema. La protesta es un derecho y la deliberación parlamentaria es el mecanismo correcto para procesar estas tensiones. El problema es la calidad del argumento que se lleva a la marcha.

"La tierra es de los argentinos" es una consigna, no una política. No explica por qué las provincias con mayor proporción de tierra en manos del Estado —Formosa, Chaco, Misiones— tienen los peores indicadores de desarrollo humano del país. No explica por qué el minifundio improductivo que la ley "protege" genera más pobreza rural que la agroindustria con capital mixto que la ley desalienta.

Milton Friedman tenía una frase que aplica con precisión aquí: "Una de las grandes virtudes del libre mercado es que no requiere que la gente se lleve bien ni que se respete mutuamente". El mercado de tierras no necesita que los argentinos confíen en los inversores extranjeros. Necesita reglas claras que hagan que traicionar esa confianza tenga consecuencias legales predecibles. Eso es exactamente lo que la reforma debería garantizar y lo que la marcha peronista, en el fondo, está intentando evitar.

El costo de seguir eligiendo el estancamiento

Cada vez que Argentina elige el camino de la restricción por sobre el de la regulación inteligente, paga un precio diferido que siempre termina siendo más caro que el beneficio inmediato. El campo argentino tiene el potencial productivo para alimentar a 400 millones de personas. Hoy lo hace de forma subóptima, con tecnología que se incorpora lento, con capital que escasea y con una institucionalidad que espanta a quienes podrían traer los dos.

Mientras el peronismo marcha, Chile firma nuevos tratados de inversión. Uruguay consolida su reputación de seguridad jurídica. Irlanda sigue siendo el destino preferido del capital europeo que busca certeza. Y Argentina debate, una vez más, si abrirse al mundo es una traición o una oportunidad.

La respuesta ya la dieron los países que eligieron crecer. El problema es que acá seguimos sin querer escucharla.

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