Kirchner quiere volver: cuando la impunidad se disfraza de derecho

El hecho y lo que revela

Según informa el Diario Panorama, Cristina Fernández de Kirchner está impulsando una estrategia legal para revertir la inhabilitación que pesa sobre ella y así habilitar su candidatura en las elecciones de 2027. La noticia circula con naturalidad en los medios, casi como si se tratara de un trámite administrativo más. Pero hay algo profundamente revelador en esa normalización: hemos llegado a un punto en que la posibilidad de que una persona condenada por corrupción administrando fondos públicos compita por el poder máximo del país se discute como una cuestión meramente procesal.

No lo es. Es, antes que nada, una cuestión de valores.

La lógica del mérito y su opuesto

El principio meritocrático no es una abstracción de manual universitario. Es la idea concreta y práctica de que las consecuencias siguen a las acciones: que quien trabaja bien cosecha reconocimiento, que quien falla asume el costo, y que quien traiciona la confianza pública pierde el derecho a ejercerla. Es la misma lógica que le exigimos a cualquier profesional, comerciante o empleado. Un contador que defrauda a su cliente no reclama que lo repongan en el cargo. Un médico inhabilitado por mala praxis no litiga para volver a operar. La inhabilitación, en esos casos, se entiende como consecuencia natural y justa.

¿Por qué la política debería ser diferente? ¿Por qué el poder, que es el ámbito donde la responsabilidad tendría que ser mayor —porque involucra recursos de todos—, termina siendo el espacio donde las consecuencias se vuelven más negociables?

La respuesta incómoda es que en Argentina se construyó durante décadas una cultura política que desconecta deliberadamente el ejercicio del poder de sus consecuencias. Una cultura donde el cargo es un fin en sí mismo, no un medio al servicio del ciudadano. Y donde la condena judicial no es el cierre de una historia, sino el inicio de una nueva batalla para sortearla.

El populismo y su relación con la impunidad

No es casual que este fenómeno sea más pronunciado en el espacio político que durante veinte años hegemonizó el distribucionismo y el estatismo. El kirchnerismo construyó su narrativa sobre la idea de que ciertos líderes son irreemplazables, que encarnan causas históricas que trascienden las instituciones. Esa lógica —que Hayek hubiera reconocido de inmediato como el camino de servidumbre— convierte al líder en un ser por encima de la ley ordinaria. Las instituciones no son límites para ellos: son obstáculos a sortear.

Desde esa cosmovisión, la condena no es una sanción merecida sino una persecución. La inhabilitación no es una consecuencia lógica sino una injusticia a revertir. Y la candidatura en 2027 no sería el regreso de alguien que pagó su deuda con la sociedad —porque en ningún momento se reconoció deuda alguna—, sino la "reivindicación" de una figura que se presenta a sí misma como víctima.

Esta inversión moral es el corazón del problema. No es jurídica. Es cultural.

Lo que se juega en el plano de los valores

Milton Friedman insistía en que la libertad política y la libertad económica son inseparables, y que ambas requieren un sustrato de responsabilidad individual para funcionar. Sin responsabilidad, la libertad se convierte en licencia para los poderosos y en carga para los demás. Lo que estamos viendo con la maniobra de Kirchner es exactamente eso: el uso de los mecanismos del Estado de derecho —recursos judiciales, apelaciones, tecnicismos procesales— para escapar a las consecuencias de haber abusado del Estado de derecho.

El ciudadano común no tiene esos recursos. El pequeño empresario que evade un impuesto enfrenta la AFIP sin mayores contemplaciones. El trabajador que comete una falta en su empleo no cuenta con un equipo de abogados que litigue durante años para reintegrarlo. La asimetría no es solo económica: es moral. Y esa asimetría corroe la confianza en las instituciones mucho más que cualquier ajuste fiscal.

Una sociedad que aspira a organizarse en torno al mérito necesita que las reglas se apliquen de manera consistente, independientemente del apellido o del capital político del imputado. Cuando eso no ocurre, el mensaje que se transmite a las nuevas generaciones es devastador: el esfuerzo honesto no alcanza, las conexiones importan más que la conducta, y las consecuencias son para los que no tienen poder.

El daño educativo y generacional

Aquí está quizás el costo más silencioso y más grave de todo esto. Argentina lleva décadas exportando talento joven precisamente porque ese talento percibe —con razón— que el esfuerzo individual no es suficientemente recompensado en un sistema donde las reglas se tuercen para los que mandan. Cada vez que un proceso judicial de alta visibilidad termina en una maniobra exitosa de elusión, se confirma esa percepción.

El joven que estudia, que emprende, que construye algo propio en condiciones adversas, necesita creer que las reglas del juego son las mismas para todos. Necesita ver que quien traiciona la confianza pública no puede simplemente reinventarse como candidato y pedir nuevamente esa confianza. Cuando eso no ocurre, el cinismo se instala como única respuesta racional. Y el cinismo generalizado es el humus perfecto para que el populismo vuelva a crecer.

Lo que una sociedad meritocrática debería exigir

No se trata de impedir que nadie se defienda judicialmente. El derecho a la defensa es un pilar del liberalismo clásico, no una concesión del populismo. Pero hay una diferencia enorme entre ejercer el derecho a la defensa y pretender que una condena firme no tenga consecuencias políticas. La inhabilitación para ejercer cargos públicos no es una venganza: es la consecuencia lógica de haber demostrado que no se puede confiar en esa persona con recursos ajenos.

Lo que una cultura del mérito exige, en definitiva, es coherencia: que los mismos estándares que aplicamos al médico, al contador o al empleado se apliquen también al político. Que el poder no sea el refugio de quienes escapan a las consecuencias, sino el espacio donde la responsabilidad es más exigente, no menos.

Mientras eso no ocurra, hablar de meritocracia en Argentina seguirá siendo, en buena medida, una aspiración. Y las maniobras como la que impulsa Kirchner seguirán siendo el recordatorio de cuánto falta para llegar.

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